Nota publicada Edición Impresa "Noviembre 2018"
Mercado de Granos

En pie de guerra por la presión impositiva

Las entidades bursátiles y las instituciones del sector agropecuario rechazan un proyecto de ley, que obtuvo media sanción en Diputados, tendiente a incrementar impuestos a los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario sobre la comercialización de productos agrícolas.

En tiempos donde la presión tributaria se ha convertido en uno de los mayores flagelos para el sector productivo, la provincia de Santa Fe busca sancionar un proyecto de ley que pretende incrementar los impuestos a los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario sobre la comercialización de productos agrícolas y la actividad financiera. Ante esta situación, la respuesta del sector agroindustrial no se hizo esperar y reconocidas instituciones como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y su par de Santa Fe (BCSF) salieron "con los tapones de punta".
La iniciativa, presentada por Miguel Galassi (Frente Progresista) y Luis Rubeo (PJ), obtuvo a fines de octubre media sanción en la Cámara de Diputados y, al cierre de esta edición, restaba su tratamiento en el Senado. El proyecto impulsa un incremento en las alícuotas de Ingresos Brutos para el comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes, y estableciendo una alícuota de 0,75% del mismo tributo para la comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosas y cualquier otro producto agrícola efectuada por cuenta propia por los acopiadores, cuando se supera determinado nivel de facturación. 
Además, en materia de impuesto inmobiliario plantea un adicional del 300% para todos aquellos inmuebles sean utilizados en el desarrollo de actividades de comercialización y acopio de productos agrícolas, de transformación de cereales y oleaginosas así como de actividades efectuadas por bancos e instituciones financieras.
Mediante un comunicado, la BCR catalogó como "nuevo golpe al campo santafesino" la decisión oficial de establecer una nueva carga tributaria a los productores agropecuarios. "Sufrirán una disminución de los precios que reciben por su producción, un incremento en el precio de compra de los insumos necesarios para la implantación de los cultivos y un aumento de los costos de acondicionamiento de los granos que comercializa a través de acopios", advirtió la entidad que preside Alberto Padoán. 
Y fustigó: "parece que la única forma que encuentran nuestros legisladores de equilibrar las caídas de recursos es mediante mayores cargas sobre los contribuyentes que producen, lo que podría terminar provocando una reducción de las cosechas.

Tratamiento "relámpago"
No sólo el impacto económico, en caso de ser aprobado, generó disconformidad en las entidades. Las formas también molestaron. El proyecto fue presentado el jueves 11 de octubre por un grupo de legisladores y obtuvo media Sanción en Diputados tan sólo 14 días después, el 25 de octubre. Esa celeridad provocó críticas por parte de las Bolsas, teniendo en cuenta que no se abordó previamente en la Mesa de Análisis Tributario.
"La iniciativa debió haber sido considerada allí en esa mesa, según lo establece la Ley 13.617 (artículo 34), y eso no ocurrió a pesar de estar conformada por funcionarios públicos y representantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores y del sector privado", manifestaron desde la BCSF. 
En consonancia con lo planteado por la BCR, la institución santafesina presidida por Pedro Mendoza invitó a "un estudio más profundo" de la iniciativa porque, de convertirse en ley,  ejercerá "mayor presión impositiva sobre empresas radicadas en la provincia, con incidencia en toda la cadena agroindustrial, en particular sobre los productores y proveedores del sector". 

Fuente: Nuestro Agro

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